¡Hasta 25 años de cárcel para quienes recluten personas en organizaciones criminales!
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que tipifica como delito el reclutamiento criminal y establece sanciones penales para quienes incorporen personas a organizaciones delictivas, con el propósito de cerrar vacíos legales y fortalecer la protección a las víctimas. El dictamen fue aprobado con 419 votos a favor y modifica la Ley General […]
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que tipifica como delito el reclutamiento criminal y establece sanciones penales para quienes incorporen personas a organizaciones delictivas, con el propósito de cerrar vacíos legales y fortalecer la protección a las víctimas.
El dictamen fue aprobado con 419 votos a favor y modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, buscando sancionar a quienes capten, induzcan o recluten individuos para integrarlos a grupos criminales o involucrarlos en actividades ilícitas.
Según la reforma, quienes cometan este delito podrían recibir penas de prisión de 10 a 20 años, además de multas que van desde 5 mil hasta 50 mil días. En casos donde el reclutamiento se efectúe mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, las sanciones se incrementarán a 15 a 25 años de cárcel, junto con multas que oscilan entre 10 mil y 80 mil días.
Un aspecto clave señala que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado forzado sin importar las circunstancias en que hayan sido captados, lo cual busca fortalecer la protección de los menores frente a las redes criminales.
La reforma también incluye que las autoridades puedan iniciar investigaciones de oficio, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia, dado que muchos reclutados permanecen bajo amenazas, intimidación o control de sus agresores.
Durante el debate, legisladores de varios partidos coincidieron en la urgencia de combatir el reclutamiento mediante engaños, falsas ofertas laborales y amenazas, especialmente a través de redes sociales y otros medios de comunicación.
Tras su aprobación en San Lázaro, la minuta fue enviada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo. Por lo tanto, aún debe completarse el trámite correspondiente antes de que estas nuevas disposiciones entren en vigor.